Las autoridades destacan la urgencia de paritarias gubernamentales
El panorama universitario en Argentina se complica a medida que las universidades y el Gobierno enfrentan un nuevo ciclo lectivo cargado de tensión. Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, destaca que hay una “mucha decepción” en la comunidad universitaria, ya que se esperaba que la Ley de Financiamiento Universitario ayudara a recuperar salarios, algo que hasta ahora no se ha visto.
Las universidades están en medio de un conflicto judicial por el incumplimiento de esta ley, que había sido aprobada por ambas cámaras, aunque vetada inicialmente por el Ejecutivo. A pesar de esto, se espera que las clases comiencen en un ambiente conflictivo, y los trabajadores docentes y no docentes han anunciado un paro del 16 al 21 de marzo. Hasta el momento, la respuesta del Gobierno ha sido un silencio tenso.
La ley sancionada en 2025 buscaba una serie de mejoras solicitadas por los gremios: aumentos salariales, más financiamiento y una recomposición de becas, así como inversiones en infraestructura. Sin embargo, tras un revés judicial, el Gobierno comenzó a analizar alternativas y convocó a las autoridades del CIN para discutir un proyecto propio que se ajuste a sus expectativas fiscales.
Alpa comentó que, aunque existe un borrador en circulación, no hay un proyecto concreto, y advirtió que “en el texto se licúan algunas cosas que estaban en la anterior ley”. Subrayó que el 97% del presupuesto universitario se destina a salarios, y la urgencia ahora es que el Gobierno convoque a paritarias. A la fecha, no hay acuerdo paritario desde octubre de 2024, y el último aumento fue en diciembre, bajo un decreto, y fue del 2%.
La ley de 2025, aunque reglamentada, aún no se ha implementado. Estipulaba un gasto del 0,23% del PIB, pero la propuesta actual del Gobierno, que sigue en borrador, no contempla la pérdida de poder adquisitivo de más del 53% que han registrado las universidades bajo la gestión de Milei. A cambio, la nueva propuesta de financiamiento se ancla a un ajuste basado en la inflación, que se espera que supere el 14,3%.
Además del paro anunciado, los gremios docentes planean más medidas de fuerza y han convocado una Marcha Federal. La situación legislativa sigue estancada, ya que no se han conformado las comisiones correspondientes en el Senado ni en Diputados, donde el oficialismo retendría la presidencia.
Otro desafío se presenta en las provincias, donde crecen las movilizaciones por mejoras salariales. Carlos Torrendell, el secretario de Educación, intentó negociar un salario mínimo de $650.000, pero los sindicatos piden el doble, basándose en la línea de pobreza.
Oscar Alpa expresó su frustración al hablar de la situación actual. El movimiento en busca de mejoras ha tenido un sólido respaldo legislativo, y sin embargo, los resultados no se han materializado. Con el próximo plenario de rectores en La Pampa a la vista, se espera que se discutan posturas colectivas respecto a estos problemas, mientras las discusiones en las mesas paritarias siguen sin avanzar.
Así, el ciclo lectivo arranca con más interrogantes que certezas.